A diferencia de su primer informe, a finales de 2023, el panorama del que ofreció la Ministra Norma Piña este martes fue distinto. Aunque la vez pasada, estuvo flanqueada por la entonces Secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra (PRI); hoy apareció sola.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Ministra presidenta Norma Piña dio su segundo y último informe de labores en el pleno de la Suprema Corte. Contó con la presencia de integrantes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, pero –como adelantó– no asistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó la Reforma Judicial que Piña intentó frenar en la sesión del 5 de noviembre al tratar de cambiar los votos necesarios para conformar mayoría.
No fue la única ausencia.
No acudió la Magistrada presidenta Mónica Soto, el Magistrado Felipe Fuentes ni el Magistrado Felipe de la Mata, un grupo dentro del Tribunal Electoral que ha sido señalado de ser afín a la 4T. Soto, de hecho, decidió enviar de manera impresa su informe de labores en vez de presentarlo ante Piña.
El Gobierno de Sheinbaum Pardo decidió enviar como representante a César Yáñez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y quien fue uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador.
De igual forma, no asistieron al acto los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña; ni de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Ambos se encuentran en las sesiones ordinarias celebradas este martes en sus respectivas cámaras.
En su primer informe, a finales de 2023, el panorama fue distinto. En cada uno de los lados de la Ministra presidenta Norma Piña se vio a la entonces Secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, y a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra (PRI). También, hace un año, estuvieron presentes todos los magistrados del Tribunal Electoral.
Durante su mensaje este 10 de diciembre, Piña Hernández aseveró que la Reforma Judicial no es una historia de vencedores o vencidos.
“Indudablemente la Reforma Judicial presenta enormes retos. Pero no sólo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. La Reforma Judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Se necesita de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso, y al mismo tiempo así lo deseo por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos ‘sí se pudo’ sólo tendrá sentido no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”, dijo.
Piña Hernández habló directamente del “contexto sin precedentes” que enfrentó el Poder Judicial en torno a la Reforma Judicial. Por primera vez con ese tono, y a menos de un año de que su renuncia se haga efectiva por no querer someterse a la elección judicial, recriminó al Gobierno federal la “campaña de desprestigio” contra los juzgadores iniciada desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador e “intensificada” en la transición de Gobierno. Incluso, criticó, se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros.
“No obstante, en lo personal, sostengo que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad en que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados”.
El 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte votó en contra de abordar el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial. Luego de la postura del Ministro Pérez Dayán de votar en contra de la procedencia del proyecto, y en un acto desesperado, la Ministra presidenta de la Corte sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara e, inesperadamente, propuso avalarla sólo con seis votos en vez de los ocho que se necesitaban para la mayoría calificada. Pero, después de regresar de un receso de casi una hora, su esfuerzo fue infructuoso.
Piña afirmó este martes que la “campaña de deslegitimación”, “desprestigio público” e “injerencia” contra personas juzgadoras comenzó desde hace seis años, durante el Gobierno de López Obrador. Cuestionó por qué no se propuso también una reforma para las policías, fiscalías, comisiones de víctimas ni para el sistema penitenciario. De acuerdo con la Ministra presidenta, los ataques al Poder Judicial se intensificaron cuando la Corte declaró inconstitucional el plan B electoral y el paso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena. Fue cuando se les llamó “traidores al pueblo, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada”. Incluso, criticó, se hicieron alegorías en ataudes de algunos de los ministros.
La Presidenta de #LaCorte aseguró que se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos. https://t.co/NSxK09IWzO #InformePJF2024 pic.twitter.com/128NpcJBue
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En su informe de labores, la Ministra Norma Piña reiteró –como lo ha dicho en eventos previos– que los derechos humanos, la democracia y la independencia judicial están en riesgo frente a un poder sin control. En el marco de las reformas de Morena y aliados que imposibilita presentar amparos contra cambios constitucionales, aseveró:
“Como lo he sostenido reiteradamente, la justicia no sólo es una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso a quien podría amenazar tales derechos”, aseveró.
La Ministra presidenta también abordó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos y presupuesto de la Suprema Corte en 2023 de más de cinco mil millones de pesos. Destacó que no hubo alguna observación o recomendación al alto tribunal.
"Dos con Todo" analizó previamente que de los cinco mil 487 millones de pesos ejercidos por la Suprema Corte en 2023, el órgano fiscalizador revisó cinco mil 28 millones de pesos. El capítulo que más recibe es el de servicios personales, es decir, sueldos y prestaciones por cuatro mil 516 millones de pesos para su plantilla total conformada por tres mil 736 plazas, entre ellas, los 11 ministros y los integrantes de sus equipos de ponencia.
🔴"Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado", ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, durante la presentación del #InformePJF2024 pic.twitter.com/LBZHK6ANL4
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La Corte destinó del total de su presupuesto 790 millones 856 mil pesos para el sueldo base. Adicional al salario, hay una partida llamada "asignaciones adicionales al sueldo" por 581 millones 562 mil pesos. Y, además, se ejercieron en 2023 otros mil 014 millones de pesos para la "compensación garantizada", esto es, una bonificación por trabajar. Como gratificación de fin de año, se gastaron otros 352 millones 053 mil pesos.
Respecto de la partida 15301 'Prestaciones de retiro' en la que se ejercieron 176 millones 074 mil pesos, se constató que corresponden a pagos de pensiones, haberes de retiro, aguinaldo y gastos médicos, cubiertos a personal en retiro, de los que se comprobó que los pagos se realizaron de acuerdo con los montos y periodicidad establecidos en su normativa.
“Al ser el combate a la corrupción una de las prioridades institucionales se implementaron diversas acciones en las que destacan el seguimiento en la evolución patrimonial del personal, la aplicación de medidas para facilitar la presentación de denuncias contra personas servidoras públicas y para llevar a cabo su investigación”, planteó Piña.
La Ministra presidenta concluyó su informe laboral de unos 30 minutos entre aplausos de los asistentes y la interpretación del Himno Nacional por parte de la orquesta de cámara coro de la Sinfónica Minería.
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